Escalada de represión y silencio institucional
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) y el SNTP denunciaron que los arrestos arbitrarios suelen estar acompañados de confiscación de equipos, allanamientos sin orden judicial y acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.
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Persecución en Venezuela: crecen las detenciones sin información pública ordenadas por el régimen de Nicolás Maduro
Caracas, 3 de noviembre de 2025. — La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este lunes sobre un aumento de detenciones arbitrarias en Venezuela, ejecutadas por fuerzas de seguridad vinculadas al régimen de Nicolás Maduro sin información oficial sobre el paradero de los arrestados ni acceso inmediato a la defensa legal.
De acuerdo con la ONG, los familiares y abogados defensores denuncian que en numerosos casos no se conoce el lugar de reclusión ni las condiciones de los detenidos, lo que configura un patrón de “desapariciones forzadas de corta duración” y violaciones graves a los derechos humanos.
Opacidad y violaciones al debido proceso
Según JEP, las autoridades no han emitido notificaciones oficiales sobre las detenciones registradas durante la última semana, impidiendo a los familiares ejercer recursos legales como el habeas corpus. Esta falta de información agrava la inseguridad jurídica y genera un ambiente de angustia prolongada entre los allegados de los detenidos.
“Se ha negado el acceso a abogados y representantes de confianza, profundizando un escenario de opacidad y vulnerabilidad jurídica”, indicó la ONG en un comunicado.
JEP recordó que tanto la Constitución venezolana como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país garantizan el derecho a la defensa, la integridad personal y la información inmediata sobre el paradero de los detenidos, obligaciones que el régimen incumple de forma sistemática.
Casos recientes y preocupación por desapariciones
El informe de la ONG menciona el caso de cuatro trabajadores audiovisuales —Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra— detenidos el pasado viernes mientras grababan cerca del penal de Tocorón, en el estado Aragua, como parte de un proyecto universitario para la Universidad Central de Venezuela.
Desde su arresto, los jóvenes permanecen incomunicados, sin información sobre su ubicación ni acceso a abogados. Este caso fue también denunciado por la organización SurGentes, que exigió su liberación inmediata.
Asimismo, la familia del periodista Joan Camargo presentó un recurso de habeas corpus ante los tribunales para conocer su paradero, tras más de 84 horas desaparecido luego de ser interceptado por hombres no identificados en Caracas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que la detención de Camargo forma parte de un patrón de persecución contra comunicadores y que, junto a otros 22 periodistas encarcelados, eleva a 23 el número de trabajadores de prensa privados de libertad en el país.
“Reiteramos nuestra profunda preocupación por la desaparición forzada de Joan”, expresó el SNTP, recordando que la ley venezolana exige que un habeas corpus sea resuelto en un máximo de 96 horas.
Escalada de represión y silencio institucional
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) y el SNTP denunciaron que los arrestos arbitrarios suelen estar acompañados de confiscación de equipos, allanamientos sin orden judicial y acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.
Por su parte, el Foro Penal reportó en su más reciente boletín la existencia de 875 presos políticos en Venezuela, incluyendo activistas, opositores y ciudadanos comunes detenidos por motivos políticos o bajo causas fabricadas.
Las organizaciones coinciden en que la falta de información oficial, la negativa a permitir defensa jurídica y la desaparición temporal de los detenidos son prácticas que profundizan la crisis institucional y el deterioro del Estado de derecho en Venezuela.
“La persecución política y la opacidad son hoy las principales herramientas de control del régimen de Maduro”, concluye el informe de JEP, que exhorta a la comunidad internacional a vigilar y denunciar la situación de derechos humanos en el país.
